Día con día, el actual gobierno parece estar instalado en la ruta de disuadir la inversión privada.
El pasado 2 de febrero publicamos en este espacio el texto que titulamos: “Y ahora: a espantar a las inversiones”, a propósito de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y a otras iniciativas que eventualmente van a abordarse en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso.
En la misma línea que argumentamos, ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), institución dirigida por Carlos Hurtado, presentó un interesante análisis de una secuencia de decisiones donde cada una por sí misma desalienta la inversión privada, pero en conjunto generan una intención.
En el estudio, se enumeraron 15 importantes decisiones de políticas públicas y reformas de ley, que van desde la cancelación del aeropuerto en Texcoco hasta la propuesta eléctrica a la que hicimos referencia.
Lo interesante en las consideraciones del CEESP es que, a juicio del éste, aunque la inversión privada se ha derrumbado, el gobierno no parece sentirse incómodo con ese hecho.
La inversión fija bruta, que es mayoritariamente privada, cayó en 2020 –hasta noviembre– a una tasa de -18.8 por ciento.
En 2019 ya había caído en -4.6 por ciento. Así que, en los primeros dos años de gobierno, habrá tenido un retroceso de -22.5 por ciento aproximadamente.
De acuerdo con los registros del Inegi, el único periodo en el que el resultado fue peor se presentó en 1995, cuando la caída fue de -35.8 por ciento.
El gobierno federal no está alarmado por esta circunstancia por varias razones.
Una puede ser ideológica, al considerar que la reducción de la inversión privada es reflejo de que, en el pasado, ésta se realizaba en virtud de actos de corrupción en los que participaban funcionarios públicos.
Otra razón por la que no se han encendido las luces rojas es porque se cree que la inversión pública, concentrada en grandes proyectos de infraestructura como los que conocemos (Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía, refinería de Dos Bocas) va a dar lugar a una nueva inversión, regida por el sector público que va a dictar el sentido de crecimiento de la economía.
El análisis del CEESP señala que la inversión privada habrá caído en los primeros dos años de gobierno en 2.7 puntos del PIB. Y la inversión pública no ha crecido, sino retrocedido en 0.4 puntos del PIB en ese mismo lapso.
Al presentar las evaluaciones del desempeño económico en las conferencias mañaneras, el gobierno no pone sobre la mesa estos resultados.
En contraste, uno de los indicadores que se sigue con más detalle es el tipo de cambio del peso frente al dólar, el cual cerró ayer en 20.10 pesos al mayoreo.
Con este resultado, desde que comenzó el sexenio, habremos tenido una apreciación de nuestra moneda frente al dólar de 26 centavos, equivalentes a 1.3 por ciento.
Para una gran parte de la gente, un tipo de cambio estable es un indicador tangible y concreto de buen desempeño económico. Ese es otro factor que hace sentir al gobierno cómodo con la trayectoria de la economía.
Un elemento por demás interesante del análisis que referimos es que el CEESP considera que esta circunstancia bien pudiera ser transitoria.
Si a la larga, después de un rebote en este año, seguimos con caídas de la inversión privada y un crecimiento pobre, no es imposible que pueda cambiar en algún momento la percepción de los inversionistas internacionales que hoy dan fortaleza al peso.
La analogía con las inversiones que se canalizaron a los activos hipotecarios subprime, años antes de la crisis de 2008, o la situación fiscal de Argentina y Brasil en la primera década del siglo son referentes que deben recordarse.
Si no se reemprende el crecimiento, en algún momento de los próximos años podemos estar en riesgo de una nueva crisis financiera.
Y, la economía no podrá crecer sin inversión privada.
Ese es el gran dilema que tiene este gobierno.
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